El principio de no discriminación no contaba con una definición estricta en el sistema interamericano, por lo cual establecer si la orientación sexual podía ser considerada un motivo prohibido de discriminación resultaba complejo. A partir del fallo Atala Riffo y niñas vs. Chile, la Corte Interamericana entendió que esta categoría quedaba incluida dentro de la expresión “cualquier otra condición social”, por lo cual se encontraba protegida por la Convención Americana y quedaba vedado todo tipo de trato discriminatorio ilegítimo. Para así entender realizó un estudio de la normativa y jurisprudencia de los sistemas universal y europeo. Luego de esta sentencia, se produjeron novedades normativas, e incluso la creación de la Relatoría LGBTI.