El derecho a un debido proceso se encuentra vinculada a La Administración de Justicia y a la función jurisdiccional, reconociendo a la motivación de resoluciones judiciales como un pilar fundamental dentro de un Estado Constitucional de Derecho. Es así, ante la carencia de medios de pruebas en donde la víctima es el único testigo de los hechos los magistrados para fundamentar sus decisiones deben tomar como fundamento el Acuerdo Plenario 02-2005 el cual contiene tres grados de certeza: Incredibilidad Subjetiva, Verosimilitud y Persistencia en la Incriminación. Es por ello, que la presente investigación tiene como principales objetivos determinar de qué manera se vulnera el Principio de motivación de resoluciones judiciales en la aplicación del Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116, identificar cuáles son los errores de los magistrados en la aplicación de dicho acuerdo y proponer l...