El estado debe velar porque los derechos fundamentales de los niños y adolescentes en estado de abandono no se vean conculcados en ninguna situación, procurando que toda decisión que se tome en relación a ellos, esté supeditada al principio del interés superior del niño. Este principio está recogido de forma implícita en el artículo 4° de la Constitución Política, que establece la obligación del estado de proteger al niño y al adolescente, y se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico buscando que la actuación de los poderes públicos y de la comunidad sea en relación al mismo, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del código de los niños y adolescentes. Ese mismo marco constitucional protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, siendo la base para indicar que la estructura familiar más adecuada para el desarrollo de un menor,...