La normativa desprotege al propietario cuando se produce la existencia de un tercero de buena fe en casos de fraude inmobiliario por suplantación de identidad o falsificación documentaria. Únicamente protege al tercero concediéndole el derecho de propiedad, pero no protege al propietario afectado, pese a que resulta perjudicado con el despojo de su bien inmueble. Dicha situación representó el escenario de estudio de la presente investigación. En tal sentido, los actores sociales y participantes fueron el propietario primigenio y el tercero, cuyo actuar fue de buena fe. La presente investigación fue de tipo cualitativo; tuvo un nivel de alcance descriptivo y diseño no experimental. Se trabajó con cinco casos de cancelación de asientos registrales por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Asimismo, la técnica utilizada fue el análisis documental, y el inst...