El autor analiza la Ley 32314, la cual incorporó el uso de inteligencia artificial y tecnologías análogas como agravante penal y modalidad específica en ciertos delitos. Este artículo analiza su legitimidad bajo los criterios de subsidiariedad y necesidad de pena, y examina las capacidades institucionales requeridas para una aplicación efectiva, así como los beneficios y riesgos de dicha ley.