La Corte de Estrasburgo ha señalado los aspectos básicos de la obligación de motivar decisiones, estrictamente necesarios para resolver cada caso, en atención a sus circunstancias concretas, evitando elaboraciones abstractas y teorías. En este sentido, cuida no juzgar las leyes nacionales referidas a la fundamentación, por sí mismas, ni censura la corrección material de la motivación realizada por las autoridades nacionales sometidas a su jurisdicción.

Un proceso judicial, es un medio que sirve para resolver conflictos sociales y eliminar incertidumbres de tipo jurídico (sobre todo en el ámbito penal). Por su naturaleza instrumental, debe servir para equilibrar las fuerzas dinámicas de los intereses en pugna y la necesaria diligencia del ente estatal responsable de la conducción y resolución del proceso, equilibrio que tiene una manifestación directa en su duración. Sin embargo, nuestra sociedad se encamina a la vigencia efectiva de la dignidad de la persona, de los derechos fundamentales y de la eficiencia y eficacia de la función pública que desarrolla el Estado. De esta manera, la duración legítima de la persecución del delito (y de toda la actividad estatal) se convierte en una condición de posibilidad y validez de las prestaciones de justicia penal.