Determina las relaciones interdisciplinarias entre el Derecho Administrativo (especialmente, contrataciones del Estado) y el Derecho Penal (especialmente, los delitos contra la Administración Pública), por cuanto, los niveles de control y supervisión a nivel administrativo resultan deficientes para detectar los niveles de colusión entre los poderes adjudicadores y los contratistas; qué hacer cuando se detecte actos de corrupción hasta antes de la celebración del contrato público o luego de éste (vacío legal que hasta el momento no se ha podido dar una solución al respecto). Finalmente, coadyuvar en el trabajo del operador jurídico al momento de investigar o resolver actos de corrupción, tomando en cuenta las medidas anticolusorias.