En la actualidad, el daño ambiental ocasionado por los residuos sólidos no debe ser una preocupación sólo del Estado, sino de todas las personas en general; debiendo crearse por parte del mismo, nuevos mecanismos de inclusión a la ciudadanía en comprender su rol protagónico y sumar esfuerzos para el cambio necesario en la gestión integral de los residuos sólidos con la finalidad de mitigar y reducir el daño e impacto que generan. El Estado a través de los gobiernos locales, en consecuencia, deberá virar de la política fiscalizadora–punitiva a una de promoción e incentivadora a la sociedad en participar activamente en una gestión integral de sus residuos sólidos a fin de evitar el deterioro de nuestro ambiente.