La Administración estatal debe servir al público, lo que legitima el ejercicio de poderes que el ordenamiento jurídico establece. Para ello utiliza herramientas, entre ellas las que hoy día provienen de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.En todo caso y como en toda materia procede el respeto de los derechos humanos, entre ellos el de protección de los datos personales.