La precariedad administrativa es una herramienta que el Estado puede invocar, con el fin de resolver unilateralmente un contrato de concesión pública de servicios o proyectos de infraestructura, con la finalidad de proteger el interés público, siempre que las causales no sean imputables a alguna de las partes. Sin embargo, esta herramienta puede vulnerar la estabilidad jurídica contractual, con la que se promueve la inversión privada en proyectos públicos y se protege al inversionista. A lo largo de esta investigación, veremos si es posible que ambas figurar coexistan en nuestro sistema jurídico, teniendo presente que es tarea constitucional y primordial del Estado, velar por la protección y promoción, tanto de los intereses públicos, como de la estabilidad contractual.