La protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) a través de los procesos constitucionales cobra relevancia en un Estado constitucional de derecho, frente a la vulneración o amenaza de afectación por parte del Estado o de particulares. Decimos ello porque, en el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, se ha corroborado que dichos medios procesales son idóneos para garantizar tales derechos. Los citados pronunciamientos deben guardar coherencia y correspondencia con las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que, recientemente, se reconoció la justiciabilidad directa de los DESCA. Para ello, se analizó cuidadosamente la normativa y evolución jurisprudencial a nivel nacional y supranacional.