En el presente trabajo se evidencia que el procedimiento de ejecución coactiva, iniciado por la Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho contra el Consorcio Huachipa, no ha cumplido con lo regulado en la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Por lo que, debió suspenderse dicho procedimiento, dado que existe en proceso la demanda de Nulidad de Resolución Administrativa, la Revisión Judicial y Medida Cautelar. Como se ha evidenciado y ante la vulneración del derecho al debido proceso, sin mediar función alguna, la ejecutoria coactiva ha insistido y exigido que SEDAPAL, desde el año 2013 hasta mayo del 2016, cumpla con obligaciones que se encontraban fuera de sus alcances, toda vez que este no era parte del proceso de Ejecución Coactiva que se venía llevando a cabo entre la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y el Consorcio Huachi...