Nuestro sistema procesal penal confiere la posibilidad de requerir al órgano jurisdiccional dos pretensiones cuando se ha cometido un hecho antijurídico delictivo llevado a un proceso penal; la primera de estas es la pretensión penal, cuyo titular es el Ministerio Público, la segunda pretensión es la civil resarcitoria, la cual es reclamada por el agraviado constituido en Actor Civil; así, nuestro sistema procesal penal ha visto por conveniente determinar que ambas pretensiones sean defendidas única y exclusivamente por su titular: el Ministerio Público y el Actor Civil respectivamente. Sin embargo, el presente trabajo de investigación logra demostrar que en la casuística los jueces penales otorgan legitimidad indebida al Actor Civil para reclamar una pretensión penal que no le corresponde defender, llegando a arrogarse la titularidad de la acción penal del Ministerio Públic...

La Constitución peruana encarga al Ministerio Público el deber de investigar el delito, dotándolo de autonomía y de una serie de potestades orientadas a que dicha función sea efectivamente aplicada. No obstante, el Código Procesal Penal del 2004 introdujo una figura judicial novedosa en nuestro ordenamiento: el juez de la investigación preparatoria (en su actuación durante la etapa de investigación). La actividad que tiene a su cargo dicha figura judicial constituye, en el entender mayoritario y pacífico de la doctrina y jurisprudencia nacional, una actividad válida, pues permite el control de las actuaciones del Ministerio Público con ocasión de la investigación del delito; sin embargo, es evidente que debe justificarse por qué la potestad jurisdiccional tendría que implicar, necesariamente, en el proceso penal, una potestad de control sobre la actuación de la fiscalía...

La Constitución peruana encarga al Ministerio Público el deber de investigar el delito, dotándolo de autonomía y de una serie de potestades orientadas a que dicha función sea efectivamente aplicada. No obstante, el Código Procesal Penal del 2004 introdujo una figura judicial novedosa en nuestro ordenamiento: el juez de la investigación preparatoria (en su actuación durante la etapa de investigación). La actividad que tiene a su cargo dicha figura judicial constituye, en el entender mayoritario y pacífico de la doctrina y jurisprudencia nacional, una actividad válida, pues permite el control de las actuaciones del Ministerio Público con ocasión de la investigación del delito; sin embargo, es evidente que debe justificarse por qué la potestad jurisdiccional tendría que implicar, necesariamente, en el proceso penal, una potestad de control sobre la actuación de la fiscalía...

Our criminal procedure system confers the possibility of requesting two claims from the court when a criminal act has been committed. The first of these is the criminal claim, whose owner is the Public Ministry; The second claim is civil compensation, which is claimed by the aggrieved party constituted as a civil actor. However, the present research work manages to demonstrate that in the casuistry the criminal judges grant undue legitimacy to the civil actor to claim a criminal claim that it is not their responsibility to defend, even arrogating ownership of the criminal action of the Public Ministry. It is possible to prove that the civil actor has subordinated his claim for compensation to the prior conviction of a crime, contrary to what is stipulated in the Criminal Procedure Code of 2004. It is also shown that criminal judges agree to various requirements of the civil actor regardi...