La presente investigación aborda la imprescriptibilidad de los delitos más graves de corrupción cometidos por funcionarios públicos, establecida en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, tras la modificación efectuada mediante la Ley N° 30650, publicada el 20 de agosto de 2017. A pesar del propósito de combatir la impunidad y garantizar la sanción ejemplar de estos delitos, esta reforma constitucional enfrenta desafíos significativos relacionados con su adecuación jurídica, aplicabilidad práctica y efectividad en la lucha contra la corrupción. En particular, se identifica como problemática la falta de definición clara de qué delitos se consideran "más graves", lo que contravendría el principio de legalidad propiciando, en consecuencia, inseguridad jurídica. La investigación se justifica en el contexto de la lucha contra la corrupción, un problema c...