Al surgir el conflicto entre la ley y la Norma Suprema, el Tribunal Constitucional retrocedió en su postura inicial de confiarle a la administración pública el ejercicio del control difuso para inaplicar una ley por contravenir la Constitución, sosteniendo que se desnaturalizaba una competencia otorgada exclusivamente por la Constitución al Poder Judicial, y que extender su ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional implicaría un peligroso nuevo paradigma de poder para los Tribunales Administrativos: decidir que solamente la ley constitucional es ley. Sin embargo, la Contraloría General de la República al enfrentar el dilema constitucional de tener procedimientos administrativos sancionadores bajo el amparo del artículo 46 de la Ley 30742 que reprodujo íntegramente las condutas infractoras del artículo 46 de la Ley 29622 declaradas inconstitucionales ...

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