En nuestra Constitución se regula al trabajo como un derecho y un deber, base del bienestar social y familiar y medio de realización de la persona. Además, la misma indica que es competencia del estado establecer políticas de fomento de empleo productivo y educación para el trabajo, sin embargo, la realidad que experimentan las personas con antecedentes penales es distinta, pues estas tienen grandes dificultades para reincorporarse al mercado laboral. En ese sentido, la presente investigación tiene por finalidad evidenciar que la solicitud de antecedentes penales como requisito para acceder a un puesto de trabajo constituye una forma de discriminación, tomando como objeto de estudio la importancia del derecho al trabajo y la libertad de trabajo, de la misma manera se analiza el acceso al empleo y las políticas de reinserción laboral en la legislación comparada de quienes tienen...