El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, acto administrativo que deja sin efecto la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, siendo que la resolución carece de los requisitos de validez al evidenciarse contradicción en la motivación y vulneración a la finalidad publica, en medida que se quebranta los artículo 61, 62 y 73 de la Constitución Política del Perú de 1993, que salvaguardan la Libertad de Contratación y Libertad de Competencia en los procesos de adjudicación que requieren recursos públicos del Estado. Así, como vamos a evidencia que se transgrede el principio de legalidad, conducta procedimental e imparcialidad contemplados en la Ley de procedimiento Administrativo General vigente.

El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, acto administrativo que deja sin efecto la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, siendo que la resolución carece de los requisitos de validez al evidenciarse contradicción en la motivación y vulneración a la finalidad publica, en medida que se quebranta los artículo 61, 62 y 73 de la Constitución Política del Perú de 1993, que salvaguardan la Libertad de Contratación y Libertad de Competencia en los procesos de adjudicación que requieren recursos públicos del Estado. Así, como vamos a evidencia que se transgrede el principio de legalidad, conducta procedimental e imparcialidad contemplados en la Ley de procedimiento Administrativo General vigente.

La infracción administrativa de contratar con el Estado estando impedido, conforme al artículo 50 de la Ley 30225, vinculada con el artículo 11 de la misma normativa, que regula los impedimentos de los servidores públicos, en específico los oficiales de las Fuerzas Armadas, según su estatus militar, ya sea en actividad, disponibilidad o retiro. La legislación vigente en materia de contrataciones resulta insuficiente, dado que no establece con claridad si dicho impedimento se extiende hasta los oficiales de rangos superiores, que en ejercicio de sus funciones tiene o tuvieron poder decisión o información privilegiada, que a pesar de su clasificación militar gozan de prerrogativas propias de la Institución donde pertenecen.