La publicación presenta una serie de artículos vinculados al proceso de verdad, justicia y reparación que involucra a las víctimas del periodo de violencia ocurrido en nuestro país entre los años 1980 y 2000. En ella, se abordan diversos temas relacionados con los derechos que poseen las víctimas de violaciones de derechos humanos en los procesos penales, los medios de investigación en este tipo de casos y las reparaciones simbólicas a través de memoriales públicos. Asimismo, se presenta un balance del proceso de judicialización de violaciones de derechos humanos.

La presente publicación ofrece herramientas jurídicas para el procesamiento de violaciones de derechos humanos. En la primera parte, reúne las ponencias dictadas en los talleres Herramientas Jurídicas para el Procesamiento Penal de Violaciones de Derechos Humanos, realizados por el IDEHPUCP, entre el 2008 y 2009, en Ayacucho, Junín y Lima. En la segunda parte, presenta artículos de análisis elaborados a partir de la observación de los juicios orales de los casos Chavín de Huántar y Los Laureles.

El presente trabajo, parte de un hecho histórico registrado entre los meses de junio de 2005 y agosto de 2006, época en que el ex presidente Alberto Fujimori aún permanecía prófugo de la justicia y el Estado peruano tenía legítimo interés por lograr su extradición. Más allá del significado político del hecho y de sus implicancias jurídicas, lo cierto es que el tema representaba un problema para el Perú, y el gobierno de turno debía resolverlo. En ese contexto, es que identificado el hecho político a partir de algunas circunstancias que exigieron su inmediata atención, el gobierno adoptó una política específica con la finalidad de dotar de mayor eficacia los esfuerzos por lograr la efectiva extradición del entonces prófugo. El gobierno dispuso entonces la creación de una plataforma de coordinación interinstitucional, como instrumento operativo para cumplir su objet...

El presente trabajo, parte de un hecho histórico registrado entre los meses de junio de 2005 y agosto de 2006, época en que el ex presidente Alberto Fujimori aún permanecía prófugo de la justicia y el Estado peruano tenía legítimo interés por lograr su extradición. Más allá del significado político del hecho y de sus implicancias jurídicas, lo cierto es que el tema representaba un problema para el Perú, y el gobierno de turno debía resolverlo. En ese contexto, es que identificado el hecho político a partir de algunas circunstancias que exigieron su inmediata atención, el gobierno adoptó una política específica con la finalidad de dotar de mayor eficacia los esfuerzos por lograr la efectiva extradición del entonces prófugo. El gobierno dispuso entonces la creación de una plataforma de coordinación interinstitucional, como instrumento operativo para cumplir su objet...