La corrupción es un problema sistémico que socava las bases del Estado de Derecho, la confianza en las instituciones y el desarrollo equitativo de los países. Entre sus manifestaciones delictivas más lesivas se encuentra el delito de colusión, que se presenta en procesos de contrataciones públicas, donde funcionarios y empresas se confabulan para direccionar licitaciones, sobrevalorar obras o extraer rentas ilícitas. Perseguir estos delitos es una tarea compleja que recae principalmente en el Sistema de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, en el que los fiscales deben cumplir con investigaciones eficientes y eficaces, sin embargo, la celeridad en las investigaciones por este delito es una falencia que conlleva a una sensación de impunidad, que exige identificar las causas críticas para proponer estrategias de mejora.