The legal framework of public transit in Lima has undergone, over the course of its history, a complex evolution, along with the changing technological, social and urban conditions in which it has developed. In turn, both the social context and the legal framework of this activity have been undergoing profound changes in recent years. In this sense, after several decades of intense deregulation and liberalization of public transit services, a set of measures has been adopted to reorganize it under the framework of an Integrated Transit System (SIT), in which a public service legal regime is being reintroduced for the activity. These changes, however, exhibit tensions with the persistence of high levels of informality in public transit services. Given the importance of the changes that are currently taking place in the regulation of public transit and mobility in Lima, and the urgency to ...

El servicio de transporte público en Lima se ha caracterizado desde hace varias décadas por exhibir una profunda informalidad, sobre todo desde la emisión Decreto Legislativo 651, en 1991, en virtud del cual el Estado peruano abandonó virtualmente cualquier rol regulador y planificador frente a las empresas del ramo, negando a dicha actividad la caracterización de servicio público. Ello ha afectado muy negativamente la calidad de este servicio, en perjuicio de los usuarios, de la seguridad de los peatones y de la ciudad en conjunto. A ello hay que sumar las fuertes externalidades que genera el transporte público limeño: accidentes de tránsito, contaminación atmosférica, deterioro del entorno urbano. Frente a esta situación crítica, las autoridades competentes se limitaron, durante años, a promover inversiones en infraestructura vial (que beneficiaban prevalentemente al auto...

El servicio de transporte público en Lima se ha caracterizado desde hace varias décadas por exhibir una profunda informalidad, sobre todo desde la emisión Decreto Legislativo 651, en 1991, en virtud del cual el Estado peruano abandonó virtualmente cualquier rol regulador y planificador frente a las empresas del ramo, negando a dicha actividad la caracterización de servicio público. Ello ha afectado muy negativamente la calidad de este servicio, en perjuicio de los usuarios, de la seguridad de los peatones y de la ciudad en conjunto. A ello hay que sumar las fuertes externalidades que genera el transporte público limeño: accidentes de tránsito, contaminación atmosférica, deterioro del entorno urbano. Frente a esta situación crítica, las autoridades competentes se limitaron, durante años, a promover inversiones en infraestructura vial (que beneficiaban prevalentemente al auto...