El presente artículo aborda la problemática referida al derecho al aseguramiento en salud desde una perspectiva jurídica, partiendo de la definición de la salud y de su conceptualización como derecho fundamental por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; asimismo, de manera paralela realiza una descripción del sistema de financiamiento de la atención de salud en el Perú y describe el proceso a través del cual, sobre la base del consenso político establecido en el Congreso de la República, se logró sentar las bases para la reforma del sector iniciada en 2013 y que ha posibilitado en el Perú para el año 2016 que 17 millones de personas en la actualidad gocen de un sistema de aseguramiento en salud.

Cuando en 1993 se votó la actual Constitución Política, el Congreso de la República pasó de ser uno conformado por 240 representantes divididos en dos cámaras a uno de 120 agrupados en una sola cámara; ese número, a pesar del tiempo transcurrido (20 años), no se ha incrementado sustancialmente, debilitando la ya frágil institucionalidad democrática. El problema es que la representación congresal es política, por lo que esta se constituye no solo por una delegación formal sino también por la identificación psicológica entre el representante y su electorado, que debe ver al primero como alguien que defiende sus intereses, los mismos que son más dispersos y diferenciados mientras más grande es la población electoral. Por otro lado, la representación que ejerce hoy el congresista al cumplir sus funciones es de doble naturaleza porque por un lado representa a su electorad...

La problemática de la declaración de la caducidad en el Derecho Administrativo está determinada por la dificultad para declararla por ser una determinación unilateral de parte del Estado en virtud del ejercicio de su ius imperium. Parte de esa problemática estriba en la discusión acerca de la naturaleza misma del contrato de concesión, que puede ser conceptualizada de diferentes maneras, y por la discusión referida a la consideración de la caducidad del derecho de aprovechamiento, como una sanción o una medida complementaria; de la toma de posición en ambos temas dependerá cómo es que la administración actúa frente a la necesidad de proteger un bien nacional, como es el recurso forestal, sin vulnerar los derechos de las personas en cuanto concesionarios. Por ello, resulta necesario establecer un criterio claro para conceptualizar las instituciones antes mencionadas, y esta...

La legislación punitiva del Estado, cuando no es diseñada técnicamente, tiende a deslegitimar al sistema democrático por lo que es necesario que esta, en un marco de legalidad y protección a los derechos de las personas sea diseñada de forma adecuada buscando crear las condiciones para que cumpla con su finalidad. En ese sentido, el Análisis Económico del Derecho brinda las herramientas que permiten al legislador cumplir con esa finalidad, garantizando que contribuyan a solucionar los problemas públicos encontrados sin perjudicar a la sociedad en general encontrando el justo y adecuado equilibrio entre la necesidad de castigar y la protección de los intereses sociales superiores, que van desde la protección a los derechos fundamentales hasta la defensa del mercado. El presente artículo presenta una crítica al denominado “populismo legislativo” que establece como medida p...

El procedimiento administrativo es un conjunto de trámites que tienen por finalidad lograr que la Administración pueda cumplir con su función reguladora a través de una declaración que debe estar revestida de un conjunto de elementos que garantizan que cumpla con su finalidad. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que la declaración emitida sea errada, obligando a la Administración a actuar para eliminarla del ordenamiento jurídico y con ella todos sus efectos, lo cual no es automático, sino que requiere de la existencia de alguna de las causales expresamente establecidas en la ley y además de la demostración de que el acto que se pretende anular agravia al interés público, algo que no siempre es fácil de alegar o demostrar. Asimismo, la declaración de nulidad está precedida de un análisis en donde concurre el administrado mismo al hacer uso de su derecho de defe...

La pandemia producida por el virus del SARS COV 2, es el episodio más importante a nivel mundial durante los últimos años por cuanto además de sus efectos sanitarios ha cambiado aspectos muy sensibles de la vida social y económica de las sociedades en todo el mundo. La necesidad de enfrentar los efectos de la enfermedad ha obligado a los Estados a recurrir a la emisión de normas de urgencia dictadas en el marco de prerrogativas excepcionales establecidas en la Constitución Política pero que no están diseñadas para enfrentar eventos de la magnitud y características de una emergencia sanitaria de proporciones mundiales. Por esa razón es necesario evaluar la pertinencia de dicha legislación en un contexto en donde la posibilidad de un nuevo episodio similar al vivido desde el 2020 no es un cálculo ajeno a la realidad, y en donde fenómenos como el calentamiento global, la cont...

La prueba, su ofrecimiento y valoración resulta siendo uno de los puntos más sensibles dentro del proceso en general y del procedimiento administrativo en particular. Esto es así porque la razón de ser del procedimiento administrativo es poner en actividad a la administración estatal sobre la base de hechos debidamente probados y es más importante en el procedimiento sancionador endonde las libertades de las personas son restringidas cuando se emite una resolución que impone una sanción. Por esa razón resulta de suma importancia comprender la naturaleza de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador sobre la base del entendimiento de que el debido procedimiento es una expresión del derecho fundamental al debido proceso reconocido en laConstitución Política del Estado que se aplica en vía administrativa considerando las peculiaridades de este ordenamiento,...

La Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) en Perú busca impulsar la equidad de género a nivel de toda la sociedad peruana y el Instituto Nacional de Salud (INS) como entidad pública, se encuentra trabajando para integrar este enfoque en sus diferentes políticas y prácticas a fin de alcanzar una sociedad justa y democrática.