El trabajo de investigación aborda el derecho a la defensa eficaz en los casos de terrorismo juzgados en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada entre 2021 y 2024, destacando su importancia como garantía esencial del debido proceso penal. El estudio revela que, en estos procesos, los abogados no siempre ejercen una defensa adecuada, debido a fallas como la falta de coordinación con sus clientes, el incumplimiento de normas procesales y éticas, lo que deja al acusado en situación de indefensión. Frente a esta problemática, se propone que, ante conductas reiteradas que vulneren este derecho, el tribunal pueda amonestar al abogado y, de persistir, sustituirlo por un defensor público o privado que garantice una defensa efectiva, asegurando así el respeto al derecho fundamental del acusado dentro del proceso penal.