El Decreto Legislativo 1194, publicado el 30 de agosto de 2015, se promulgó con la finalidad de optimizar la lucha contra la criminalidad. Propósito, por cierto, loable y en cierto modo necesario y esperado por la ciudadanía que aspira a vivir en una sociedad con seguridad ciudadana. Los inconvenientes surgen cuando se trata de sustentar las pruebas en aquellos casos que requieren pericias, análisis de laboratorio; es decir, el tiempo breve no permite que estos casos se procesen adecuadamente con esta norma. No cabe duda que sí se evidencia un gran avance; pero, asimismo, se generan discrepancias de orden teóricas relacionadas con la prueba y del derecho de defensa. Por ello, esta investigación se propuso explicar las discrepancias teóricas que afectan el derecho de defensa de los imputados.