El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto demostrar que en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, específicamente en la fase impugnatoria, se estaría vulnerando uno de los elementos integrantes del derecho al debido proceso, el cual es el principio de imparcialidad. El mencionado Tribunal tiene competencia para iniciar procedimientos administrativos sancionadores y determinar responsabilidad o no; según sea el caso, a los postores, participantes, proveedores del Estado y entidades que actúan como tales. En esa línea, el régimen de infracciones y sanciones en materia de contrataciones públicas está regulado en el artículo 50 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el D.L. 1341 y los artículos 219 al 232 del Reglamento de la citada Ley D.S. N° 350-2015-EF, actualiza...