En todo proceso penal, al menos en un Estado Constitucional de Derecho, la regla es que el investigado afronte el proceso en libertad, siendo la excepción que lo haga privado del ejercicio de este derecho fundamental. En casos específicos, como la detención en flagrancia delictiva, la regla se relativiza pues aquí se detiene para realizar las indagaciones urgentes al habérsele encontrado como se dice con las “manos en la masa” y existe una seria perspectiva de imponerle una sanción penal. En estos casos, por mandato constitucional, la detención policial por flagrancia delictiva no puede durar más allá de las 48 horas1, a cuyo término conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal penal, el fiscal debe formular ante el juzgado correspondiente la incoación de Proceso Inmediato por Flagrancia Delictiva2, a la vez conduce al detenido y lo pone a su disposición, permaneci...