La labor que realizan los órganos de auxilio judicial denominados Martilleros Públicos en los procesos judiciales es eminentemente especifica, entendiendo que a dichos funcionarios se les ha encargado la realización de la subasta pública judicial, (El procedimiento por el cual se ejecuta mediante venta forzada de bienes, ya sean muebles y/o inmuebles, ordenados por la autoridad judicial), con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de ejecución, para que la parte ejecutante con el producto de dicha venta pueda dar fin a una controversia, resarcirse de los daños o por el incumplimiento económico cometido por la parte ejecutada. Pero es el caso que la ley Remaju, aparentemente anticonstitucional, elimina la intervención del funcionario Martillero Público, generando un clima de poca transparencia en el proceso de los remates judiciales, los cuales se vienen desarrollando en...