The author believes that the different forms of gender violence should be analyzed in light of the public policies established by the Peruvian State and its defense should focus on strengthening the fundamental right to non-discrimination. The author proposes creating the Technical Secretariat of Defense of Women’s Rights.

The author explains the reference legal framework and relevant caselaw on children’s rights. Then, he presents a problem of this century: the digital orphans.

In connection with the decision handed down by the Inter-American Court of Human Rights in Santa Bárbara peasant community v. Peru, the author suggeststhat fundamental family rights may well be violated and proposes a relevant method of study to address them.

The author believes that the different forms of gender violence should be analyzed in light of the public policies established by the Peruvian State and its defense should focus on strengthening the fundamental right to non-discrimination. The author proposes creating the Technical Secretariat of Defense of Women’s Rights.

The author explains the reference legal framework and relevant caselaw on children’s rights. Then, he presents a problem of this century: the digital orphans.

In connection with the decision handed down by the Inter-American Court of Human Rights in Santa Bárbara peasant community v. Peru, the author suggeststhat fundamental family rights may well be violated and proposes a relevant method of study to address them.

A pesar de existir resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, de diferentes procesos, en calidad de cosa juzgada. Al respecto, se busca comprobar la hipótesis siguiente: Se requiere asegurar, de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente, una partida presupuestal permanente, en todas las entidades públicas, destinada a efectivizar las resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de un...

A pesar de existir resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, de diferentes procesos, en calidad de cosa juzgada. Al respecto, se busca comprobar la hipótesis siguiente: Se requiere asegurar, de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente, una partida presupuestal permanente, en todas las entidades públicas, destinada a efectivizar las resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de un...