En América Latina y, especialmente, en nuestro país, la corrupción es un problema de grave repercusión en diferentes niveles de la sociedad, llegando a poner en grave peligro la gobernabilidad y armonía social. En consecuencia el Estado en el uso de su derecho y deber de sancionar 1 , refuerza legislativamente al Derecho Penal, adoptando diferentes medidas, entre ellas podemos citar: a) el aumento del quantum de las penas, b) la declaración de imprescriptibilidad 2 de este tipos de delitos contra la administración pública, c) creación y expansión de juzgados y despachos fiscales especializados en la persecución y sanción del lavado de activos y corrupción de funcionarios, d) sanciones con penas represivas no sólo a personas naturales sino también a las personas jurídicas que sirvan de fachada o coadyuven en la comisión de este tipo de delitos. 3 4