La aplicación de la prisión preventiva implica la restricción del derecho a la libertad individual, consagrada en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú, pues tiene como objetivo principal, evitar conductas que resulten perjudiciales a los fines del proceso. Por ello, el Órgano Jurisdiccional que, emite la resolución que impone la medida coercitiva, debe estar debidamente fundamentada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 139, inciso 5 de la Carta Magna, concordante con el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que no impide que las medidas coercitivas y los autos que las niegan sean reformables, pues incluso se puede declarar de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o su rechazo.. Siendo ello así, se concluye que la Prisión Preventiva como una Medida Cautelar, consiste en la priv...