Las entidades públicas presentan dificultades para contratar bienes o servicios innovadores debido a que, por el escaso conocimiento del mercado, no tienen claras sus opciones de compra o no tienen seguridad sobre la formulación y cumplimiento de plazos y/o estándares de calidad, más aun cuando el marco legal para ello, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, orientan la formulación del requerimiento en términos de la solución que existe en el mercado en lugar de encontrar la solución en base al problema público que se desea solucionar. En este escenario, la Compra Publica de Innovación (CPI) brinda la posibilidad de estimular a las empresas privadas a innovar, logrando nuevas y mejores maneras de comprar bienes y servicios de calidad, lo que generará una mejora en la prestación de los servicios públicos brindados al ciudadano y el fomento de la investigación, ...