No presenta resumen.

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El presente artículo muestra la preocupación existente, a pesar de los esfuerzos de la Corte Suprema, por la variada interpretación sobre los diferentes criterios que existen para la aplicación de la prisión preventiva en el desarrollo de los procesos penales en nuestro país. Asimismo, por la inseguridad jurídica que nace como consecuencia de la ausencia de un criterio uniforme de parte de las autoridades al momento de solicitar o imponer dicha medida.

En los últimos años hemos sido testigos de la serie de críticas que ha venido recibiendo el sistema judicial penal de parte del público en general, como consecuencia de la insatisfacción de la ciudadanía por el servicio que reciben de las autoridades encargadas de brindarlo. Gran parte de estas críticas se originan por la lentitud de los procesos, que en algunos casos se debe a una sobrecarga procesal, el no cumplimiento de los plazos establecidos, innecesarias dilataciones o cualquier otra situación, que lo único que logran es que la justicia tarde, e inclusive nunca llegue, en cuyo caso, si cualesquiera de estas situaciones se presentasen, no habría sido oportuna y por tanto habría dejado de ser justicia. Una de las razones de este problema está dada por el hecho de que la legislación que actualmente se aplica a los procesos penales tiene su base en el Código de Procedimi...