Demuestra que la cadena perpetua, como pena incorporada en la legislación peruana, no cumple los fundamentos político criminales garantistas que orientan la finalidad de la pena en un Estado social y democrático de derecho. Al respecto se consideraba que la cadena perpetua no permitía esa resocialización del penado, toda vez, que su proyecto de vida se truncaba al no tener esperanza de poder salir del penal. Sin embargo, con posterioridad mediante el D. Leg. 921 se incorporaría el artículo 59-A al Código de Ejecución Penal, permitiendo la revisión de la cadena perpetua a los 35 años de haberse purgado pena. El Tribunal Constitucional máximo intérprete de la Constitución estableció que la cadena perpetua al ser revisable, ya se encontraba en consonancia con la Constitución Política del Perú; sin embargo, existen posiciones que señalan que la revisión a los 35 años, es...