La prueba mínima como garantía en el debido proceso de lavado de activos, es sumamente importante en el proceso penal, puesto que solo a través de ella se puede alcanzar la verdad, la cual es capaz de despojar del derecho constitucional de la presunción de inocencia. En puridad, la prueba es la garantía que pone freno a la arbitrariedad en las decisiones judiciales e impide el enjuiciamiento de meras presunciones, debido a la vigencia de la valoración racional de la prueba como exige el art. 158 del nuevo Código Procesal Penal. La prueba en el proceso penal tiene varios embrollos, en especial en los delitos complejos. Uno de ellos es el delito de lavado de activos, pues surge el problema de la probanza del origen delictivo del dinero vinculado a la actividad criminal para la construcción de dicho delito