La presente investigación dogmática, busca analizar el Decreto Legislativo N°1326, y su respectiva reglamentación dada por el Decreto Supremo N°018- 2019-JUS, el cual en su artículo 33° otorga diversas facultades a los Procuradores Públicos, entre las cuales tenemos las relacionadas a las entidades publicas representadas por las Procuradurías Publicas, facultades que, desde el punto de vista del observador, y en base a una experiencia empírica, consideramos se encuentran mal ejecutadas, debido a que limitan las capacidades de los Procuradores Públicos en el ejercicio de su labor, asi como la defensa de los intereses de las entidades publicas representadas, precisamente en los procesos de Corrupción de Funcionarios, procesos en los cuales las entidades pasan a un segundo plano, sirviendo solamente como una base de otorgamiento de pruebas, impidiéndoles inclusive obtener infor...