Identifica los vínculos que los alcaldes mantienen con los grupos movilizados a lo largo de sus trayectorias; y de qué manera estas relaciones condicionan sus posiciones durante el conflicto minero. Indica las consecuencias de estas posiciones en dos planos del gobierno municipal: en la legitimidad de los alcaldes y en la eficacia de sus gestiones municipales. Para ello analiza dos casos particulares: Celendín (de político independiente a alcalde pro-minero) y Deán Valdivia (de agricultor a alcalde anti-minero).

El presente trabajo de carácter exploratorio, con base en dos casos antagónicos (Deán Valdivia y Celendín), argumenta que el tipo de vínculos preexistentes entre las redes movilizadas y las autoridades municipales establece en el tiempo una lógica de incentivos y sanciones que condiciona la estabilidad o variabilidad de las posiciones de los alcaldes (pro-minero o antiminero) durante el desarrollo de los conflictos extractivos. A su vez, las posiciones que las autoridades presentan en el conflicto repercuten de manera diferenciada en su legitimidad y en la eficacia de sus gestiones municipales. Mientras que la autoridad pro-minera de Celendín mejoró con el conflicto la eficacia de su gestión y desgastó su legitimidad como político (más eficacia con menos legitimidad); la autoridad anti-minera de Deán Valdivia aumentó su reconocimiento ciudadano, pero a costa de su capacidad...