La sanción disciplinaria es un medio que garantiza indirectamente el correcto desarrollo de la función pública; por lo tanto, la entidad debe instaurar los procedimientos disciplinarios en un plazo oportuno, a fin de que la potestad punitiva responda a su finalidad, más aún que constituye una garantía del servidor el determinar un plazo específico a cuyo término no podrá ser investigado. En el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, este período temporal – denominado plazo de prescripción – es de un año a partir de que la oficina de recursos humanos toma conocimiento de la falta (plazo corto – hechos conocidos), salvo que no haya tomado conocimiento en el transcurso de tres años a partir de la comisión de la falta (plazo largo – hechos no conocidos). Por lo tanto, se entendería que la entidad cuenta con el plazo corto de un año porque está en la posi...

La sanción disciplinaria es un medio que garantiza indirectamente el correcto desarrollo de la función pública; por lo tanto, la entidad debe instaurar los procedimientos disciplinarios en un plazo oportuno, a fin de que la potestad punitiva responda a su finalidad, más aún que constituye una garantía del servidor el determinar un plazo específico a cuyo término no podrá ser investigado. En el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, este período temporal – denominado plazo de prescripción – es de un año a partir de que la oficina de recursos humanos toma conocimiento de la falta (plazo corto – hechos conocidos), salvo que no haya tomado conocimiento en el transcurso de tres años a partir de la comisión de la falta (plazo largo – hechos no conocidos). Por lo tanto, se entendería que la entidad cuenta con el plazo corto de un año porque está en la posi...

Es necesario tener regulación de calidad. Es decir, que las entidades de la Administración Pública impongan medidas idóneas, cuya generación de costos hacia los particulares se justifiquen en la mitigación de los efectos de un problema acreditado. De esta manera, resulta contraproducente el hecho de que las entidades de la Administración Pública impongan medidas carentes de razonabilidad. En ese sentido, la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Ley Antibarreras), aprobada mediante D. Leg. n.° 1256, publicada el 8 de diciembre de 2016, dispone un control ex post de calidad regulatoria; en primer lugar, evalúa la legalidad de las medidas impuestas por las entidades de la Administración Pública, y superado éste evalúa la razonabilidad de las mismas. Para ello, téngase presente que éstos análisis están desvinculados, toda vez que a la fec...