A través de la modificatoria del proceso inmediato mediante Decreto Legislativo N°1194, se estableció la obligatoriedad del proceso inmediato, bajo responsabilidad del fiscal, en los supuestos de flagrancia delictiva, suficiencia conviccional, confesión, delito de omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. A partir de entonces, se dieron numerosas condenas rápidas en tiempo récord, la más breve en 30 minutos, con aplicaciones desproporcionadas de la pena como el caso Buscaglia y otras condenas, incluso de cadena perpetua, lo cual nos hizo cuestionar la legitimidad de la obligatoriedad del proceso inmediato, sobre todo en caso de flagrancia, y su coherencia con los principios Constitucionales, con los principios que inspiraron la reforma procesal penal del 2004 y con el respeto de los Derechos Humanos. Bajo ese contexto, la p...