El presente artículo sugiere una serie de modificatorias y lineamientos a la normativa presente, a fin de delinear una agenda pendiente en materia de simplificación administrativa, en especial con relación a la Ley del silencio administrativo y la evaluación de su vigencia.

El artículo desarrolla el contenido del principio de razonabilidad como criterio rector de la actuación administrativa en el ejercicio de sus funciones; asimismo, analiza la interpretación del Tribunal Constitucional respecto a la delimitación del alcance del principio de razonabilidad en las decisiones normativas y administrativas del Estado. Finalmente, el autor plantea la aplicación concreta del principio de razonabilidad aun caso de acción administrativa de gobierno local.