La realización de obras por administración directa debe garantizar óptimas condiciones en términos de calidad, coste y plazo, además de asegurar un uso íntegro, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y activos del Estado a nivel nacional. Esto se establece en la Ley 31876, que incluye en su ámbito de aplicación a las entidades reguladas por el Decreto Legislativo 1440 y el Decreto Legislativo 1439, las cuales ejecutan obras públicas por esta modalidad, sin importar la fuente de financiamiento utilizada. La ejecución de obras por administración directa se rige por principios fundamentales que incluyen la moralidad, donde todos los involucrados deben actuar con honestidad, veracidad, equidad, integridad y lealtad. La eficiencia es otro principio clave, orientando los procesos, procedimientos y decisiones hacia el máximo aprovechamiento de los recursos públicos y el c...