La justicia está estrechamente ligada a la protección de los derechos y de la seguridad, y a la realización del bienestar, que no es otra cosa que el goce efectivo de los derechos o condiciones de vida digna que todos los seres humanos deberíamos tener: seguridad, libertad e igualdad, pero también comida, salud, educación, vivienda, entre otros. Este libro, de David Lobatón Palacios, describe, en primer lugar, el sistema de justicia en el Perú; luego desarrolla el papel de los jueces y fiscales, así como los rasgos de la independencia judicial y la autonomía fiscal en el Estado constitucional contemporáneo; y finalmente explica los poderes de Estado y órganos constitucionales autónomos que conforman el sistema de justicia en nuestro país.

Tanto para defensores como para detractores, el sistema interamericano de derechos humanos ha jugado un rol muy importante en el Perú de las últimas dos décadas. La respuesta del Estado peruano al terrorismo, el régimen autoritario de los noventas, el papel de las Fuerzas Armadas o los conflictos sociales y los derechos de los pueblos indígenas, han sido algunos de los temas centrales para la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país, que fueron o son evaluados a partir de los estándares desarrollados por la Comisión y la Corte interamericanas. Esta relación no ha estado a salvo de tensiones, pero el balance de dos décadas arroja que esta incidencia interamericana en la escena nacional, ha contribuido a fortalecer el Estado constitucional y a mejorar la tutela de los derechos fundamentales.

Tanto para defensores como para detractores, el sistema interamericano de derechos humanos ha jugado un rol muy importante en el Perú de las últimas dos décadas. La respuesta del Estado peruano al terrorismo, el régimen autoritario de los noventas, el papel de las Fuerzas Armadas o los conflictos sociales y los derechos de los pueblos indígenas, han sido algunos de los temas centrales para la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país, que fueron o son evaluados a partir de los estándares desarrollados por la Comisión y la Corte interamericanas. Esta relación no ha estado a salvo de tensiones, pero el balance de dos décadas arroja que esta incidencia interamericana en la escena nacional, ha contribuido a fortalecer el Estado constitucional y a mejorar la tutela de los derechos fundamentales.