Esta tesis está dividida en 3 capítulos, con sus conclusiones, sugerencias, propuestas, y a través de la misma se demuestra que toda la administración pública está constitucionalmente facultada para hacer control difuso de la constitucionalidad de las leyes, tanto los administradores de primera instancia cuanto los de segunda instancia u organismos colegiados. En esa forma se va más allá de lo establecido por el Tribunal Constitucional, para quien sólo los tribunales administrativos pueden hacer control difuso. En el primer capítulo se expone el problema advertido, esto es, que no se reconoce explícitamente que todos los administradores deben hacer control difuso de la constitucionalidad de las leyes, con la finalidad de garantizar la plena eficacia y primacía de la norma constitucional, así, en la ciudad de Puno, y presumo que en otras localidades, no sólo no se tiene conc...