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El panorama de la Seguridad Social en Salud ha cambiado sustancialmente con la dación de la Ley 26790 –Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud–, publicada el 17 de mayo de 1997 y con vigencia a partir del 18 del mismo mes, ley que constituye el tercer intento para regular la Seguridad Social Privada en materia de salud. El reglamento de la ley antes referida se dictó por Decreto Supremo N ° 009-97-SA expedido por el Ministerio de Salud, y vigente a partir del 10 de setiembre de 1997. Esta ley establece un nuevo sistema de atención a la salud, que incluye dentro de sus alcances las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que habían sido reguladas por el derogado Decreto Ley 18846 –Ley de Accidentes de Trabajo.
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El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: a) La venta en el país de bienes muebles; b) La prestación o utilización de servicios en el país; c) Los contratos de construcción; d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
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El Impuesto a la Renta grava: a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias de capital. c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta ley. d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta ley.
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El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios.
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Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
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El presente código establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario.
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La sociedad. Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas.
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El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución.
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La Política Nacional de Empleo constituye el conjunto de instrumentos normativos orientados a promover, en armonía con los artículos 22, 23, 27 y 59 de la Constitución Política del Perú, un régimen de igualdad de oportunidades de empleo que asegure a todos los peruanos el acceso a una ocupación útil que los proteja contra el desempleo y el subempleo, en cualquiera de sus manifestaciones.
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El objeto de la presente ley es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas.
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Lex, Soluciones
Publicado 2017 Enlace
El presente código establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario.
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Declárese de interés nacional la nacionalización del sistema tributario municipal, a fin de simplificar la administración de los tributos que constituyan renta de los gobiernos locales y optimizar su recaudación.
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La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública.
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Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad.
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La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.
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El presente código establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario.