Manifiesta que en Perú no existe una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, debido al deficiente modelo político criminal implementado por el Estado. Así, la normatividad penal peruana, en materia electoral ha sufrido un estancamiento histórico, no ha evolucionado con la rapidez del desarrollo contemporáneo de los actos delictivos tendientes a materializar la coacción y el fraude tendientes a la frustración o distorsión de la libertad del sufragio. El ordenamiento jurídico peruano, debe prepararse normativamente para afrontar estos tipos de “nuevos“ delitos de “avanzada“, sobre todo en el ámbito informático, máxime ahora que se postula la utilización del voto electrónico, requiriéndose una respuesta normativa. El derecho penal debe resguardar los intereses de la sociedad, evitando manipulaciones computarizadas habituales o no bas...