La presente investigación tiene por objetivo demostrar, que la investigación policial en el delito de lavado de activos puede vulnerar los derechos fundamentales de los investigados si no se lleva a cabo con la observancia de los estándares internacionales mínimos del proceso penal garantista. Esto supone la comparación entre la labor policial realizada en el marco del proceso penal de naturaleza inquisitiva, donde la Policía Nacional del Perú dirigía la investigación y el Fiscal hacía suyo el atestado policial, y la investigación policial llevada a cabo dentro del proceso penal de corte acusatorio, propio del Nuevo Código Procesal Penal, donde la Policía Nacional del Perú es una entidad auxiliar del Ministerio Público, quien es el que dirige la investigación.