La legislación ha mostrado gran inquietud en la protección del bien jurídico en los delitos contra la administración pública, pues desde el año 1924 hasta la actualidad se han incluido más de la mitad de supuestos típicos; sin embargo, no se ha prestado atención a la práctica de una adecuada política criminal, pues existen eternas discusiones respecto de lo que se busca proteger en los delitos contra la administración pública. En ese sentido, realizaremos un análisis de la concepción de administración pública para el Derecho Penal y por ende, indagar si un árbitro resultaría ser un funcionario público a efectos penales, pues al igual que en los procesos judiciales un juez tiene jurisdicción en base a la cual adopta decisiones de obligatorio cumplimiento, al sistema arbitral también se le ha reconocido jurisdicción y autonomía para que a través de los árbitros se...