La ejecución de los actos administrativos cuenta con una regulación parcial en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que recién cumple treinta años de vigencia, y con una regulación sectorial que ha venido desarrollándose durante las últimas dos décadas y que ha contribuido a ampliar las modalidades de ejecución contempladas en la ley, mediante la adopción de medidas administrativas cautelares o provisionales que adopta la administración pública en el marco de los procedimientos administrativos.

This study analyzes how the criteria developed by the Inter-American Court of Human Rights can serve as guidance to the national organs that exercise the Public Power, so that in exercising their powers they guarantee due administrative procedure, the right to defense and presumption of innocence, when exercising the administrative sanctioning power.

Los contratos públicos han sido objeto de recientes reformas legales que han contribuido a consolidar que el hecho de que la administración pública, para satisfacer el interés general, realice la actividad administrativa con  sujeción a la ler y al Derecho, y así ejerza las potestades atribuidas en el ordemaniento jurídico, lo que supone que en unos casos pueda actuar con aplicación preponderante del Derecho privado, con independencia del objeto de contrato (obras, bienes o servicios) y que este se encuentre en soporte físico, de papel o en soporte electrónico, digital.

La ejecución de los actos administrativos cuenta con una regulación parcial en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que recién cumple treinta años de vigencia, y con una regulación sectorial que ha venido desarrollándose durante las últimas dos décadas y que ha contribuido a ampliar las modalidades de ejecución contempladas en la ley, mediante la adopción de medidas administrativas cautelares o provisionales que adopta la administración pública en el marco de los procedimientos administrativos.

This paper tries to explain how the regulation of the telecommunications’ activity abandoned the traditional system of State’s public service and evolved to the establishment of a new legal framework that encourages competition among all the economic agents operating in the sector, who must provide all telecommunications services, and, in case that delivery of basic services to all users cannot be done within the framework of the competition, then exceptionally the State as guarantor must impose obligations to ensure the user’s satisfaction in their communication needs.

Este estudio analiza como los criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden servir de orientación a los órganos nacionales que ejercen el Poder Público, para que en ejercicio de sus competencias garanticen el debido procedimiento administrativo, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, cuando ejercen la potestad administrativa sancionatoria.

This paper tries to explain how the regulation of the telecommunications’ activity abandoned the traditional system of State’s public service and evolved to the establishment of a new legal framework that encourages competition among all the economic agents operating in the sector, who must provide all telecommunications services, and, in case that delivery of basic services to all users cannot be done within the framework of the competition, then exceptionally the State as guarantor must impose obligations to ensure the user’s satisfaction in their communication needs.

Los contratos públicos han sido objeto de recientes reformas legales que han contribuido a consolidar que el hecho de que la administración pública, para satisfacer el interés general, realice la actividad administrativa con sujeción a la ler y al Derecho, y así ejerza las potestades atribuidas en el ordemaniento jurídico, lo que supone que en unos casos pueda actuar con aplicación preponderante del Derecho privado, con independencia del objeto de contrato (obras, bienes o servicios) y que este se encuentre en soporte físico, de papel o en soporte electrónico, digital.

La ejecución de los actos administrativos cuenta con una regulación parcial en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que recién cumple treinta años de vigencia, y con una regulación sectorial que ha venido desarrollándose durante las últimas dos décadas y que ha contribuido a ampliar las modalidades de ejecución contempladas en la ley, mediante la adopción de medidas administrativas cautelares o provisionales que adopta la administración pública en el marco de los procedimientos administrativos.

Los contratos públicos han sido objeto de recientes reformas legales que han contribuido a consolidar que el hecho de que la administración pública, para satisfacer el interés general, realice la actividad administrativa con  sujeción a la ler y al Derecho, y así ejerza las potestades atribuidas en el ordemaniento jurídico, lo que supone que en unos casos pueda actuar con aplicación preponderante del Derecho privado, con independencia del objeto de contrato (obras, bienes o servicios) y que este se encuentre en soporte físico, de papel o en soporte electrónico, digital.

This paper tries to explain how the regulation of the telecommunications’ activity abandoned the traditional system of State’s public service and evolved to the establishment of a new legal framework that encourages competition among all the economic agents operating in the sector, who must provide all telecommunications services, and, in case that delivery of basic services to all users cannot be done within the framework of the competition, then exceptionally the State as guarantor must impose obligations to ensure the user’s satisfaction in their communication needs.

This study analyzes how the criteria developed by the Inter-American Court of Human Rights can serve as guidance to the national organs that exercise the Public Power, so that in exercising their powers they guarantee due administrative procedure, the right to defense and presumption of innocence, when exercising the administrative sanctioning power.