El proceso inmediato tiene como fin simplificar la reacción penal estatal y dotar de mayor celeridad y eficiencia al sistema de justicia. Empero, una vez reformado el proceso inmediato con el Decreto Legislativo 1194, empezó a aplicarse sin criterios de proporcionalidad y justicia, al punto de que existía competencia entre los jueces por ser quien alcance la pena más larga en el menor plazo. Por ello se desencadenaron sendas críticas de la comunidad jurídica, que veían al proceso inmediato como un abuso del Poder Judicial, dándose prioridad a los principios de celeridad y simplificación procesal, así como de eficacia persecutoria, subyacentes en el proceso inmediato, antes que una correcta preparación por parte de la defensa del imputado, puesto que solo se procura sentenciar en el menor tiempo posible; de tal modo que se soslaya la garantía de una defensa eficaz a favor del ...