Los antecedentes penales constituyen un serio obstáculo para la reintegración laboral de las personas que han cumplido una condena; este problema se agudiza puesto que en la praxis judicial los jueces tramitan la rehabilitación a pedido de la parte y no de oficio, a pesar que la legislación reconoce la rehabilitación automática y el Tribunal Constitucional ha señalado que su no cancelación afecta el fin resocializador de la pena y el principio de derecho a la dignidad humana. Este trabajo es descriptivo, prospectivo y transversal de la doctrina y la jurisprudencia comparada, en el que se plantean dos alternativas de solución al problema. 1. Un sistema informático que alerte de forma oportuna el cumplimiento de las condenas y la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales, previo pago íntegro de la reparación civil, de conformidad a lo establecido en el a...