La actividad empresarial realizada por las municipalidades, que incumple con los requisitos del principio de subsidiariedad representa una de las causas de diversos perjuicios no solo a las empresas privadas, sino al mercado en su conjunto, incluyendo al consumidor final. Ello, en razón de que en estos casos, las municipalidades, como órganos del Estado y como empresarios al mismo tiempo, no asumen riesgos, no incurren en costos, acceden a diversos beneficios para soportar déficits que su gestión concibe, etc. Estos privilegios - de los que no goza una empresa privada – se traducen en competencia desleal de parte del Estado, lo que a su vez, además de causar menoscabo en el mercado, como ya se mencionó, también puede traer como consecuencia, la aplicación de cuantiosas sanciones a estas municipalidades, en razón de que se encuentran infringiendo normas de la Ley de Represión ...