La tesis propone analizar la constitucionalidad de la obligación del abogado de brindar información ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de algún cliente real o potencial, a la luz del secreto profesional del abogado. Para lo cual, se ha planteado dos objetivos: delimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho-deber del secreto profesional del abogado; y, a partir de ello, determinar si la obligación del abogado de brindar información, como se encuentra regulada en el ordenamiento peruano, se condice con dicho contenido. El interés por este tema surge a partir de la recomendación N° 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establece al abogado como sujeto obligado a brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera ante la sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte...